El Sindicato Profesional de la Ertzaintza (Si.P.E.) ha denunciado públicamente lo que califica de “maltrato institucional” hacia la Unidad Canina tras la decisión del Departamento de suprimir la atención veterinaria en Bizkaia y centralizar todos los servicios en una única clínica en Álava.

Según el sindicato, el veterinario que atendía habitualmente a los perros en Bizkaia llevaba presuntamente un año sin cobrar por parte del Departamento. Como consecuencia, se habría eliminado la asistencia en el territorio, obligando a trasladar cualquier urgencia hasta Vitoria-Gasteiz.

Desde Si.P.E. advierten de que no se trata de un mero trámite administrativo, sino de una medida que pone en riesgo la vida de los perros policía y la operatividad del servicio. Subrayan que en casos de hemorragia interna, torsión gástrica o shock traumático, un desplazamiento superior a 45 minutos puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte del animal.

El sindicato recuerda que no se trata de mascotas particulares, sino de perros entrenados que intervienen en búsquedas de personas, detección de sustancias y explosivos, y que forman parte esencial de la estructura operativa de la Ertzaintza.

Además, denuncian que, si un perro resulta herido en acto de servicio y el agente lo traslada al centro veterinario más cercano para salvarle la vida, la Administración no asume inicialmente el coste. El profesional debe adelantar el importe de su propio bolsillo y esperar meses, en algunos casos hasta seis, para recibir el reembolso.

Para el sindicato, esta situación supone una doble carga para el agente: la responsabilidad emocional de gestionar una urgencia vital y la carga económica de asumir gastos que corresponden a la Administración. Asimismo, consideran que la raíz del problema estaría en los presuntos impagos mantenidos durante meses al veterinario de Bizkaia, lo que habría provocado la pérdida del servicio en el territorio.

Si.P.E. exige la articulación inmediata de convenios con clínicas veterinarias en Bizkaia y en el resto de territorios históricos, la implantación de un sistema de pago directo por parte de la Administración y la regularización de cualquier deuda pendiente con proveedores. También reclaman un protocolo de urgencias que priorice la proximidad y la rapidez en la atención.

El sindicato concluye que la vida de un perro de la Unidad Canina no puede depender “ni de un cronómetro de 45 minutos ni del saldo bancario del agente que lo acompaña”, y reclama planificación, responsabilidad y respeto hacia estos efectivos policiales de cuatro patas.

Fuente: GIRONANOTICIES.COM